
Por El Druida | Opinión
“Desde la bruma del poder, El Druida revela lo que otros callan”…
La modernización de Zacatecas volvió a ser víctima de un golpe disfrazado de legalidad. El reciente resolutivo del Juzgado Tercero de Distrito, que concede la suspensión definitiva contra la construcción del Viaducto Elevado, no es otra cosa que un candado judicial a una obra que representa el futuro de la movilidad urbana en la capital del estado.
El fallo, emitido por un juez que apenas aterriza en el estado, ordena la paralización total del proyecto, incluyendo trabajos preliminares, aunque con una precisión reveladora: la suspensión no prejuzga sobre la constitucionalidad ni la viabilidad de la obra. Es decir, el juez mismo reconoce que aún no entra al fondo del asunto. Pero mientras se decide, se condena a Zacatecas al estancamiento.
¿Quién responde por el daño que esto causa a miles de ciudadanos que pierden tiempo, dinero y calidad de vida en embotellamientos diarios? ¿Quién repara el freno al desarrollo económico y urbano de una zona metropolitana que clama por infraestructura moderna?
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas, ha actuado conforme a la ley. Con permisos, estudios de impacto ambiental y bajo el escrutinio de autoridades federales. Aquí no hay improvisación ni abuso. Lo que hay es una disputa jurídica alimentada por intereses políticos disfrazados de defensores del “orden legal”.
Y es que no hay que ser ingenuos: detrás de estos amparos se agazapan los mismos de siempre, los que usan los tribunales como trincheras para obstaculizar al gobierno en turno. Ya no se trata de proteger a la ciudad, sino de frenar a quienes la quieren transformar.
El mensaje es claro: Zacatecas no puede ser rehén de jueces que actúan más por presión mediática que por compromiso con la justicia. El desarrollo no puede detenerse por interpretaciones rígidas, ni mucho menos por la manipulación del derecho.
El pueblo exige obras, no pleitos. Soluciones, no suspensiones. El progreso no se ampara.