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Zacatecas, Zac.- La diputada local Susana Andrea Barragán Espinosa ha impulsado una iniciativa que busca blindar de manera específica al personal educativo frente a acusaciones dolosas.
Propone adicionar el artículo 226 Bis al Código Penal del Estado para castigar con penas de dos a seis años de prisión y multas de 200 a 365 cuotas a quien, a sabiendas, interpone una denuncia o declara falsamente como testigo contra maestros, directivos o trabajadores de escuelas, cuando esa imputación provoca su suspensión o separación del puesto durante o después del procedimiento.
La medida no se limita a las denuncias que simplemente no prosperan. Exige que el señalamiento falso haya generado consecuencias laborales concretas y obliga al juzgador a valorar el tiempo que la víctima permaneció alejada de su cargo, el daño a su honor, reputación y trayectoria profesional, así como cualquier otro perjuicio derivado.
Además, establece la reparación integral del daño: el pago de salarios, prestaciones y percepciones dejadas de recibir, junto con la atención a los daños económicos, morales, profesionales y de salud.
Barragán Espinosa ha subrayado que, aunque la falsedad de declaración ya está tipificada en la legislación estatal, hace falta una protección diferenciada cuando las víctimas pertenecen a la comunidad escolar.
Las acusaciones infundadas, ha insistido, no solo interrumpen una carrera construida con años de servicio: golpean la estabilidad económica de familias enteras, generan estigma social y dejan secuelas psicológicas que no desaparecen aunque el caso se archive.
La propuesta surge en un contexto en el que, a nivel nacional y en Zacatecas, se han documentado casos de docentes enfrentando procedimientos por señalamientos que luego resultan sin sustento, a menudo amplificados por la presión social y las redes.
La legisladora ha aclarado que el objetivo no es desincentivar denuncias legítimas ni menoscabar el interés superior de la niñez, sino equilibrar ese derecho con la presunción de inocencia y la dignidad laboral de quienes educan.
Cuenta con el respaldo de la Sección 34 del SNTE y se enmarca en un esfuerzo más amplio por evitar que las escuelas se conviertan en espacios de linchamiento mediático o laboral sin debido proceso.
El proyecto sigue su trámite legislativo. De aprobarse, marcaría un precedente local al reconocer de forma explícita el impacto diferenciado que las calumnias tienen sobre el magisterio y al poner en el centro no solo el castigo, sino la reparación real de quienes resultan afectados por una mentira con consecuencias laborales.
