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Politico.mx La iniciativa privada incrementa su llamado a detener los bloqueos y protestas de la disidencia magisterial. Advierte que no es solo un asunto económico, sino de una inminente “crisis de gobernabilidad”. Y acusa a las dependencias federales de indolencia.
Y es que ya se cumplen 10 semanas de bloqueos y manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Aunque con menor intensidad, las afectaciones son constantes en Oaxaca y en Chiapas, mientras que en Michoacán se habla de una “tregua” en las interrupciones de las vías férreas.
Es por todo ello que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos hizo un llamado claro a la Secretaría de Gobernación para que asuma su responsabilidad y haga cumplir la ley.
En un comunicado el líder del organismo empresarial señala que “pareciera se configura una crisis de gobernabilidad en la que el Estado Mexicano está perdiendo la batalla con una estrategia de las autoridades basada en el diálogo”, pero advierte, “con una voz sin contundencia”.
Hizo un recuento a manera de radiografía:
•En Oaxaca al iniciar las Fiestas de la Guelaguetza, casi cuatro de cada 10 turistas cancelaron sus viajes
•En Chiapas los 15 días de bloqueos ha causado pérdidas cercanas a los 450 millones de pesos a campesinos, vendedores y a sectores relacionados con el comercio.
•En Michoacán, en el Puerto de Lázaro Cárdenas, están detenidos todos los insumos y productos que llegaron de Asia y que hace semanas deberían de estar en fábricas en Querétaro, San Luis Potosí o en Saltillo, Coahuila, para complementar el ciclo de exportación.
La estrategia de denuncia y críticas de la Coparmex ha sido gradual. Hace dos semanas adelantó la presentación de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violación a las garantías individuales de empresarios, y de la sociedad en general, afectadas en las últimas semanas.
Gustavo de Hoyos ha sido enfático en señalar que irán contra toda autoridad federal, estatal y local que haya pecado de omisión en los derechos de salvaguardar la integridad de las personas. Ahora recuerda que las prácticas de la CNTE se insertan en la comisión de delitos federales. Por ello lanza la crítica más profunda a una estrategia sin resultados y con costos muy altos.
