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Por Ana María Salazar
En el tema de seguridad probablemente a lo único que puede aspirar el Presidente Enrique Peña Nieto, para el resto de su sexenio, es que se mantenga el statu quo. Esta posibilidad en si no es buena para el Presidente y no es buena para México.
El problema de esta administración es que dejaron pasar tres años donde estuvieron presumiendo, incluso muy recientemente, que habían reducido hasta en un 19.4 por ciento los homicidios entre 2013 y 2015. Dichos datos se prestan para varias interpretaciones. Estadísticas del INEGI muestran que en el 2015 se cometieron 20 mil 525 homicidios a nivel nacional, es decir, 17 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo cual representa un incremento con respecto a las cifras de homicidios en 2014. De hecho, mayo y junio de este año han sido los meses con más homicidios en los últimos cuatro años.
El dilema del Presidente y su equipo de asesores es cómo crear una narrativa política que permita que esta administración pueda concluir sin que el tema de seguridad sea recordado como uno de sus grandes fracasos. Hay varias razones por la cual es predecible que la violencia incremente: la desarticulación de organizaciones criminales en algunas partes del país está resultando en un importante incremento de la violencia por guerras intestinas por la plaza. Importante también es la implementación de reforma al sistema de justicia penal, además de cualquier otra reforma que se vaya a aprobar e implementar –el Mando Único– podría contribuir en el corto plazo a un debilitamiento en la capacidad de las instituciones para perseguir delincuentes peligrosos.
Pero tal vez el error más importante fue no reconocer la gravedad de la criminalidad en el país desde un inicio, que resultó en no desarrollar una estrategia clara de cómo enfrentar a las organizaciones criminales violentas y con capacidad de controlar municipios y estados del país.
Estamos en la antesala de las elecciones del 2018 y para poder rescatar su legado histórico el Presidente Enrique Peña Nieto tendrá que empezar a señalar quiénes son los responsables de los fracasos en materia de seguridad, para que sean ellos los que asuman los costos políticos y no todo sea cargado al titular del Ejecutivo.
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