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Por El Druida | Opinión
Ante el anuncio del alcalde Miguel Varela de “reparar los daños” en el bulevar y la presión mediática de Ciudadanía Participativa para rescindir el contrato con la constructora, la Secretaría de Obras Públicas (SOP) de Zacatecas ha lanzado un mensaje claro: “El contrato no ha sido cancelado” y la administración estatal mantiene viva la batalla legal en los juzgados federales para retomar la obra del viaducto elevado.
Un proceso en marcha, no un veredicto final
Es fundamental subrayar que no existe una sentencia definitiva que suspenda de manera permanente el proyecto. El litigio todavía se encuentra en etapas de amparo y revisión, y corresponde al Poder Judicial de la Federación resolver si procede o no la cancelación. Mientras tanto, el Gobierno del Estado —a través de su equipo jurídico— encabeza todas las acciones legales necesarias para defender la continuidad de la construcción.
“El viaducto no ha sido cancelado; estamos actuando conforme a derecho para retomar los trabajos cuanto antes”, enfatizó la SOP, recordando que los recursos estatales ya comprometidos y los contratos firmados exigen una resolución judicial y no una interpretación política.
Política y presión: maniobras paralelas
Por un lado, el Ayuntamiento de Zacatecas —en voz de Miguel Varela— juega con la narrativa de los “daños al bulevar” como argumento para erosionar la legitimidad del proyecto. Por otro, activistas de Ciudadanía Participativa han presionado para forzar la “rescisión” del contrato, ignorando que la ley exige un fallo jurisdiccional firme.
Esta confrontación política se libra en dos frentes:
- Medios y opinión pública, donde se siembra la duda sobre la viabilidad de la obra.
- Tribunales federales, donde el Estado de Zacatecas presenta sus pruebas, peritajes y argumentos de fondo.
El desenlace está en la cancha del Poder Judicial
Hasta que los tribunales federales emitan su veredicto definitivo, ni el contrato ha sido rescindido ni la obra cancelada. El Gobierno de Zacatecas mantiene la iniciativa procesal, convencido de que los amparos provisionales no pueden asestar un golpe mortal a un proyecto de infraestructura de impacto regional.
El viaducto elevado no es un capricho político: es la pieza clave para descongestionar el tráfico, modernizar la red urbana y atraer inversión. Mientras las voces discordantes alzan el grito de “cancelación inmediata”, quienes realmente deciden—los jueces federales—aún no han hablado. Y ahí es donde el Ejecutivo estatal mueve sus fichas, preparado para cualquier escenario.
Próxima estación: la resolución judicial.
Hasta entonces, el viaducto elevado sigue en pie, impulsado por el poder del derecho y la determinación de quienes entienden que las obras públicas no se suspenden con tuits ni presiones; se defienden en tribunales.
