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El asesinato de un juez federal, más allá de los casos que lleve a cuestas, no es un asunto menor. La indignación y el clamor de justicia es más que justificado. Pero la muerte de Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, es el punto más extremo de un clima enrarecido que se cierne sobre los integrantes del Poder Judicial a lo largo y ancho del país.
El crimen no pudo caer en peor momento, pues este mismo día el presidente Enrique Peña Nieto aperturaba la reunión anual de la Unión Internacional de Magistrados. En ese marco, el secretario general del organismo, Giacomo Oberto, expresó la preocupación por ataques a la independencia del Poder Judicial en muchas áreas del mundo.
México carga desde hace décadas profundos problemas estructurales y funcionales en las instancias de seguridad, justicia y derechos humanos. Pocos reparan que por cada 100 mil habitantes tenemos 3.5 jueces y magistrados, siendo que la media internacional de países desarrollados es de 16. En parte de ahí la sobrecarga y el rezago de asuntos pendientes.
A esto se suman las amenazas y presiones de grupos e individuos; la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado los peligros que representa la posibilidad de que los jueces sean sancionados por un poder con naturaleza política.
Un ejemplo emblemático sucedió apenas unas semanas y pocos repararon en la talla política de uno de los involucrados. El 15 de septiembre Andrés Manuel López Obrador dijo que solicitará a la Cámara de Diputados que realice un juicio político contra los magistrados de la Sala Regional de Monterrey y los seis magistrados de la Sala Superior del TEPJF, por “haber ayudado al PRIAN a quedarse con la presidencia municipal de Zacatecas”.
En la víspera, el TEPJF confirmó la nulidad de la elección en la capital zacatecana que había otorgado el triunfo a la candidata de Morena, Soledad Luévano Cantú. La Sala Monterrey argumentó “una violación determinante y sustancial al principio de equidad” en la contienda la exposición anticipada de la candidata, quien se asumió como “promotora de la soberanía nacional”.
El propio Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente del TEPJF, reaccionó: “Los jueces resolverán los asuntos que conozcan basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas…”.
Apenas el 14 de octubre, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, consideró que un juez sin independencia “será solo un mandadero de alguien”.
Hoy el caso Bermúdez Zacarías debería encender todas las alertas institucionales y demandar un cierre de filas.
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