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Zacatecas, Zac.— La investigación por los hechos violentos registrados el pasado 18 de julio en distintos municipios del estado dio un nuevo paso en la vía judicial. El Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que dos adolescentes fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad, mientras las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer el homicidio de las 10 personas localizadas sin vida en Pánuco, Morelos y Saín Alto.
El caso, considerado uno de los episodios criminales de mayor impacto registrados recientemente en Zacatecas, ha movilizado a las instituciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz. Desde los primeros días posteriores a los hechos, la Fiscalía desplegó labores de inteligencia, análisis de videograbaciones, telefonía, evidencia balística y peritajes, además de acciones coordinadas con corporaciones estatales y federales.
De acuerdo con la información oficial, cinco personas han sido detenidas por su probable relación con los homicidios, y dos de ellas, adolescentes, ya enfrentan un proceso penal ante la autoridad judicial. La Fiscalía ha precisado que la vinculación a proceso no implica una sentencia de culpabilidad, sino que constituye una determinación judicial para que continúe la investigación bajo los elementos presentados por el Ministerio Público.
La investigación también ha llevado a la realización de cinco cateos en Fresnillo, donde fueron asegurados documentos, dispositivos electrónicos y otros indicios. Además, las autoridades reportaron el aseguramiento de seis vehículos —cuatro de ellos pertenecientes a las víctimas—, el análisis de más de 30 dispositivos electrónicos y la intervención de más de una decena de líneas telefónicas.
Uno de los principales ejes de la investigación apunta a posibles actos de extorsión y una eventual participación o colusión de servidores públicos, aunque la propia Fiscalía ha subrayado que se trata de líneas de investigación que deben ser corroboradas mediante pruebas. El fiscal Camacho Osnaya informó también que se realiza un análisis financiero con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, incluyendo 14 cuentas, nueve de las cuales fueron congeladas como parte de las diligencias.
La Fiscalía ha establecido además que el análisis de videograbaciones permitió identificar cuatro vehículos presuntamente relacionados con los homicidios, mientras que indicios correspondientes a por lo menos cuatro armas de fuego fueron procesados mediante el Sistema Integrado de Identificación Balística para determinar si pudieran estar relacionados con otros delitos. En otro aseguramiento, peritos localizaron indicios hemáticos en una camioneta tipo pick-up, cuyo análisis busca establecer su posible conexión con el caso.
El contexto de la investigación ha revelado también que las autoridades analizan las relaciones laborales, empresariales y administrativas que algunas de las víctimas mantenían con el municipio de Fresnillo. El alcalde Javier Torres Rodríguez fue requerido para aportar información ante la Fiscalía Especializada en Alto Impacto; de acuerdo con las autoridades, su comparecencia fue planteada como parte de la investigación y no como una acusación en su contra.
Los hechos del 18 de julio dejaron 10 hombres asesinados, cuyos cuerpos fueron localizados en diferentes puntos de Pánuco, Morelos y Saín Alto. La Fiscalía confirmó desde los primeros días que las víctimas habían sido plenamente identificadas y que ocho eran originarias de Zacatecas y dos de Durango. Entre las víctimas se encontraban empresarios, funcionarios municipales y un exalcalde.
La dimensión del caso provocó además un reforzamiento de la presencia militar en la entidad. El Gobierno de Zacatecas informó del arribo de 100 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, destinados a fortalecer las labores de patrullamiento y seguridad en distintas zonas del estado.
Con la vinculación a proceso de los dos adolescentes, la investigación entra en una etapa distinta: ya no se trata únicamente de reconstruir los hechos y ubicar a los posibles participantes, sino de sostener ante los tribunales los datos de prueba que permitan establecer responsabilidades individuales.
Para la Fiscalía, el desafío central será determinar quiénes participaron directamente en los homicidios, quiénes pudieron intervenir en la privación de la libertad de las víctimas y, eventualmente, si existieron autores intelectuales o redes de apoyo detrás de la operación criminal. Por ello, la institución ha insistido en que ninguna de las líneas permanece cerrada y que el objetivo es esclarecer integralmente lo ocurrido.
El caso permanece bajo investigación y, conforme avance el proceso judicial, serán las autoridades jurisdiccionales las que determinen la situación jurídica de las personas imputadas, respetando en todo momento el principio de presunción de inocencia.
