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Por Manuel Chacón | Los Hijos de la Viuda | Opinión
En política existen dos tipos de aspirantes. Los que pasan años construyendo una candidatura basada en espectaculares, fotografías y eventos públicos; y aquellos que entienden que la verdadera legitimidad para gobernar se construye desde las ideas, las propuestas y el trabajo legislativo. En el escenario rumbo a la sucesión gubernamental de Zacatecas en 2027, la senadora Verónica Díaz Robles parece apostar por el segundo camino.
Mientras otros actores políticos concentran sus esfuerzos en la promoción personal o en la confrontación mediática, la legisladora zacatecana ha comenzado a posicionar temas de fondo que impactan directamente en dos de las mayores preocupaciones de la sociedad mexicana: la infiltración del crimen organizado en la política y la necesidad de perfeccionar la reforma al Poder Judicial.
No son asuntos menores. Son temas complejos, técnicos y hasta incómodos para muchos intereses políticos. Precisamente por ello resulta relevante observar la ruta que está construyendo la senadora.
Blindar las candidaturas: una demanda social que nadie puede ignorar
Durante años, los mexicanos hemos escuchado historias de alcaldes, regidores, diputados y funcionarios públicos vinculados con grupos criminales. Algunos terminaron procesados; otros simplemente desaparecieron de la escena pública dejando una profunda desconfianza ciudadana.
La propuesta que impulsa Verónica Díaz busca atacar ese problema desde su origen: antes de que una persona llegue a la boleta electoral.
La iniciativa plantea la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de las Candidaturas, dependiente del Instituto Nacional Electoral, cuya función sería servir como puente entre los partidos políticos y las instituciones de inteligencia, seguridad y procuración de justicia.
Traducido al lenguaje ciudadano, el mecanismo funcionaría de manera sencilla:
- Los partidos podrían solicitar una revisión de antecedentes de quienes buscan una candidatura.
- La participación sería voluntaria.
- El aspirante tendría que autorizar expresamente la evaluación.
- Las autoridades no entregarían expedientes ni información reservada.
- Únicamente informarían si existe un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada.
En el proceso participarían instituciones estratégicas como el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La información tendría carácter confidencial para proteger derechos fundamentales y evitar linchamientos políticos.
En pocas palabras, la propuesta no pretende sustituir a los tribunales ni declarar culpable a nadie; busca ofrecer herramientas para que los partidos tomen mejores decisiones al momento de seleccionar candidatos.
Es una respuesta institucional a una exigencia ciudadana cada vez más fuerte: que los criminales no encuentren en la política un refugio para obtener poder.
Una reforma judicial para corregir errores y fortalecer instituciones
El segundo eje impulsado por la senadora se relaciona con el perfeccionamiento de la reforma judicial aprobada en 2024.
Lejos de plantear una ruptura con el modelo vigente, la propuesta busca ajustar aspectos operativos para hacerlo más eficiente y comprensible para los ciudadanos.
Entre los cambios más relevantes destacan:
- La elección judicial se realizaría, por única ocasión, en junio de 2028 y no en 2027.
- Posteriormente se mantendría de forma concurrente con otros procesos electorales.
- La ciudadanía votaría en la misma casilla tanto por cargos ordinarios como judiciales.
- Se crearía una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los tres Poderes de la Unión.
- Todos los aspirantes a cargos judiciales deberían aprobar un examen obligatorio de conocimientos.
- Las boletas serían más claras y señalarían qué poder propone a cada candidatura.
- Se fortalecerían los procesos de capacitación permanente para quienes resulten electos.
- El conteo de votos se realizaría directamente en las casillas para agilizar resultados.
Explicado sin tecnicismos, la propuesta persigue tres objetivos fundamentales:
hacer más sencilla la participación ciudadana, elevar el nivel profesional de quienes aspiran a impartir justicia y reducir la complejidad operativa del nuevo sistema.
La discusión no gira únicamente alrededor de quién será juez o magistrado, sino sobre cómo construir instituciones judiciales más confiables para la sociedad.
El mensaje político detrás de las iniciativas
Más allá de los detalles legislativos, existe una lectura política inevitable.
En la carrera rumbo a la candidatura de Morena para la gubernatura de Zacatecas, Verónica Díaz parece estar enviando una señal clara: quiere ser identificada como una figura vinculada a la construcción institucional y al fortalecimiento del Estado de Derecho.
Mientras algunos perfiles buscan posicionarse mediante confrontaciones partidistas o campañas permanentes de promoción personal, la senadora intenta asociar su imagen con temas nacionales de gran calado.
Eso no garantiza una candidatura ni mucho menos una victoria electoral. La política mexicana sigue dependiendo de múltiples factores: territorio, estructura, liderazgo, percepción pública y circunstancias del momento.
Sin embargo, sí permite construir un atributo cada vez más valioso para cualquier aspirante a gobernar: la capacidad de presentar propuestas concretas frente a problemas reales.
Lo que entiende la ciudadanía
Al final, más allá del lenguaje legislativo y de los debates parlamentarios, el mensaje que recibe la sociedad es sencillo:
que quienes busquen gobernar sean revisados para evitar vínculos con la delincuencia; y que quienes impartan justicia cuenten con preparación, evaluación y reglas más claras.
Son ideas que cualquier ciudadano puede comprender.
Y en una época donde la desconfianza hacia las instituciones sigue siendo uno de los principales desafíos nacionales, la apuesta por la transparencia, la integridad y la profesionalización puede convertirse en un activo político de enorme valor.
La pregunta de fondo ya no es únicamente quién encabezará la candidatura de Morena en Zacatecas.
La verdadera pregunta es quién logrará convencer a los ciudadanos de que tiene la capacidad de fortalecer las instituciones y devolver confianza a la vida pública.
Verónica Díaz ha comenzado a construir una respuesta desde el Senado.
El tiempo dirá si esa narrativa legislativa logra convertirse también en una narrativa electoral.
“La mejor campaña sigue siendo una hoja de resultados y una historia de congruencia.”
¡A mí los Hijos de la Viuda!
