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Zacatecas, Zac.– El Secretario de la Función Pública del Estado, Ernesto González Romo, anunció en sus redes sociales una medida sin precedentes: la suspensión preventiva de la totalidad del personal directivo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de Zacatecas, derivada de denuncias que señalan la existencia de una red de corrupción en la resolución de juicios laborales.
De acuerdo con la información oficial, durante meses se recibieron señalamientos sobre prácticas irregulares en las que abogados y funcionarios coludidos inflaban los montos de los laudos laborales. Como parte de este esquema, los procesos se retrasaban de manera deliberada y, una vez obtenidas sumas millonarias, el trabajador despedido recibía solo una fracción, mientras el resto del dinero se repartía entre los implicados.
González Romo destacó que es la primera ocasión en la historia de Zacatecas en la que se suspende en bloque a todo el equipo directivo de una dependencia estatal. La medida, solicitada por el Órgano Interno de Control, tiene como objetivo preservar evidencias, evitar que se cometan nuevas irregularidades y garantizar la continuidad del servicio público.
El personal suspendido cuenta con un plazo de cinco días para comparecer ante la Secretaría de la Función Pública y colaborar con la investigación. Quienes aporten información y pruebas podrían obtener beneficios legales, incluyendo la posibilidad de ser exonerados.
Una vez concluida la investigación, se determinará quién podrá reincorporarse a sus funciones, quién será sancionado administrativamente y quién enfrentará un proceso penal. Las autoridades han adelantado que los implicados de mayor responsabilidad, considerados “peces gordos”, enfrentarán además acciones judiciales.
El titular de la Función Pública aseguró que esta medida busca combatir la corrupción, restituir la confianza ciudadana y sentar un precedente ejemplar para otras instituciones del país. Asimismo, invitó a servidores públicos y ciudadanos a presentar denuncias y aportar pruebas, reiterando que el compromiso del Gobierno del Estado es no perjudicar a trabajadores honestos, sino actuar con firmeza contra quienes hayan traicionado la confianza pública.
