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Las iniciativas consisten en reformar la Base II del Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversas disposiciones de las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos.
Estas propuestas de reforma, elaboradas de manera conjunta con el senador Miguel Ángel Osorio Chong, y avaladas por el Grupo Parlamentario del tricolor en la Cámara Alta, responden a la demanda de la sociedad de que los recursos de los institutos políticos no provengan, principalmente, del erario público.
La finalidad de reformar el Artículo 41 constitucional es revisar y abrir los espacios de financiamiento para las organizaciones partidarias, así como la búsqueda de una mejor relación entre los recursos públicos y los provenientes de financiamiento privado, con el propósito de reducir la dependencia de manera determinante del erario.
Propone transitar de un sistema erario-dependiente a uno mixto, que cuide la procedencia de recursos y sujete el régimen de aportación a estrictos controles de transparencia y fiscalización, sin que ello implique privilegiar a este último.
La también dirigente nacional del Revolucionario Institucional precisó que la reducción de 50 por ciento del financiamiento público de los partidos políticos sería para el rubro de actividades ordinarias permanentes.
Ruiz Massieu estableció que para lograr una mayor equidad en el proceso de financiamiento público, se plantea la asignación de 50 por ciento de éstos recursos de forma igualitaria y el otro 50 por ciento en proporción con los resultados electorales de la elección inmediata anterior para la conformación de la Cámara de Diputados.
Ante la reducción de 50 por ciento de los ingresos por financiamiento público para la realización de actividades ordinarias permanentes, la senadora por el estado de Guerrero propuso medidas que aseguren el acceso adecuado a recursos para los siguientes periodos electorales de manera que, modificando los porcentajes de asignación de recursos públicos para las campañas, dichos montos permanezcan iguales en términos reales.
Con respecto a las modificaciones a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, Ruiz Massieu afirmó desde la máxima tribuna legislativa del país, que se busca con ello considerar de manera más amplia o integral las normas relativas a los recursos financieros a los que pueden recurrir los partidos políticos para desarrollar sus actividades ordinarias y para la obtención del voto, sin descartar el financiamiento de las actividades específicas o reconocidas en la norma suprema.
Finalmente, Ruiz Massieu consideró indispensable valorar los ámbitos del financiamiento público, las modalidades y límites de las fuentes de financiamiento privado, la duración de las campañas y los topes de gasto para su desarrollo, así como la entrega y revision de los informes y egresos de los partidos politicos.
Suscribieron la iniciativa de la Senadora Claudia Ruiz Massieu, los partidos Verde Ecologista de México, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo.
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Mensaje de la Senadora Claudia Ruiz Massieu, Presidenta del CEN del PRI, durante la presentación de las iniciativas de reforma en materia de financiamiento a partidos políticos, realizada en el Senado de la República, el miércoles 31 de octubre de 2018.
Gracias, Presidente.
Compañeras y compañeros senadores:
Presento esta iniciativa a nombre de las senadoras y senadores del Partido Revolucionario Institucional.
Una democracia madura necesita partidos fortalecidos, capaces de organizar la participación ciudadana y de representar las demandas de los diversos grupos sociales.
Pero esa aspiración es imposible sin un sistema de financiamiento que garantice a los institutos políticos como entes de interés público, acceder a recursos que permitan una competencia electoral equitativa y llevar a cabo las actividades ordenadas por la ley.
Lamentablemente, el régimen Constitucional y legal actual sobre el financiamiento de los partidos políticos en México los ha llevado a una dependencia de los recursos del erario, generando un elevado costo que disminuye su legitimidad ante la sociedad. Los mexicanos hoy exigen que no se destinen tantos recursos públicos a financiar partidos políticos; por ello creemos que es imperativo adecuar nuestro sistema a las exigencias de la ciudadanía, sin que por ello se ponga en riesgo ni la representatividad plural de la sociedad mexicana, ni la efectividad de dicho sistema.
En el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que el flujo de recursos públicos a los partidos debe ser más austero y racional, pero no menos equitativo: la sola disminución del financiamiento está lejos de ser una solución permanente y puede afectar el funcionamiento del sistema de partidos, sin los cuales no puede haber democracia.
Es indispensable pasar de un sistema dependiente del presupuesto a uno basado en la participación de la sociedad, que permita diversificar las fuentes de financiamiento y, al mismo tiempo, garantizar transparencia, legalidad, equidad y pluralidad en las aportaciones.
Con esto en mente, se propone a esta Soberanía dos iniciativas: una de reforma al artículo 41 constitucional y otra a la legislación secundaria en materia de financiamiento a los partidos políticos.
Por economía procesal, presentaremos ambas en esta intervención.
El monto actual que reciben los partidos políticos ocupa recursos significativos del presupuesto público: por ello proponemos que se reduzca a la mitad el monto destinado a las actividades ordinarias permanentes.
Además, proponemos que la mitad de ese dinero se distribuya con equidad entre los partidos políticos y el otro 50% se distribuya de acuerdo con el porcentaje de votos obtenido por cada uno en la última elección de diputados federales.
Es decir, que disminuya el dinero público, pero que se distribuya con mayor equidad entre las fuerzas partidistas con la representación popular mínima suficiente.
Así, garantizamos que las medidas de austeridad no se conviertan en un medio para disminuir la pluralidad política.
Por otro lado, afirmamos la necesidad de mantener en sus montos históricos los recursos para el financiamiento de las actividades específicas como la capacitación, la formación de militantes y las publicaciones editoriales.
Pues de poco sirven partidos austeros, si no son capaces de impulsar la participación política y la cultura democrática.
La reducción del financiamiento público implica repensar el sistema de partidos en su conjunto.
Nuestras iniciativas proponen nuevos criterios para evitar que los partidos, una vez que se reduzca el financiamiento público, enfrenten escenarios de sanciones desmedidas por parte de las autoridades electorales administrativas que arriesguen su viabilidad o su participación en el proceso político.
Del mismo modo, contemplan pasar de un sistema “erario-dependiente” a uno verdaderamente mixto que cuide con acuciosidad la procedencia de los recursos y sujete el régimen de aportación a estrictos controles de transparencia y fiscalización.
No queremos dejar lugar a dudas: una mayor presencia de aportaciones de militantes y simpatizantes en el sistema de partidos, de ninguna manera abre la puerta al financiamiento ilícito.
Las militantes, los militantes y simpatizantes, en pleno ejercicio de sus derechos, deben poder hacer aportaciones en estricto apego a mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.
Es un tema de establecer reglas claras, con controles suficientes y límites razonables. Los mexicanos determinamos que nuestro sistema de partidos se financiara preponderantemente con recursos públicos, fundamentalmente para, por un lado, garantizar que todas las expresiones políticas tuvieran acceso a financiamiento, y por otro, para evitar que dinero de procedencia ilícita se introdujera en el sistema electoral o que intereses privados pudieran influir indebidamente en la actividad política.
Sin embargo, hoy, nuestro sistema e instituciones han madurado y se han consolidado. Tenemos entes autónomos que organizan, administran y fiscalizan los procesos electorales y la vida de los partidos.
Debemos actualizar nuestro marco constitucional y legal para acreditar una nueva realidad, la de la madurez de las instituciones, la de la exigencia ciudadana de disminuir el financiamiento público de los partidos políticos y la de la existencia de autoridades que fiscalizan a los partidos con autonomía y solvencia técnica plenas.
En 2012, los gastos de todos los partidos participaron en un 95% del financiamiento público.
La tendencia a una mayor dependencia de recursos públicos se detonó por la combinación de la disposición constitucional de la prevalencia del financiamiento público sobre el financiamiento privado, con las modificaciones a la legislación electoral secundaria para establecer límites globales a las aportaciones de militantes y simpatizantes.
Así, se estableció una diferencia abismal entre el financiamiento público que recibe cada organización y la posibilidad de recibir aportaciones ciudadanas en carácter de financiamiento privado, limitando significativamente la posibilidad de que incluso los militantes puedan aportar recursos para financiar legal y legítimamente las actividades del partido político con el cual están comprometidos.
Con esta modificación se establecería un límite específico a las aportaciones que los militantes pueden hacer anualmente al partido político al que se encuentran afiliados.
Planteamos que se limite al equivalente del 0.1 (cero punto uno) por ciento del monto total del financiamiento público para actividades ordinarias. Y este mismo porcentaje se plantea para las aportaciones de simpatizantes.
Ello significaría un candado para que ningún militante o simpatizante pueda adquirir una influencia desproporcionada o preponderante, motivada por sus aportaciones.
En el mismo tenor, planteamos revisar el porcentaje de aportación que cada candidato podría realizar a la campaña electoral en la que participa.
Hoy, la norma establece que todo candidato puede, hipotéticamente, hacer aportaciones a su propia campaña hasta por el 10 por ciento del tope de gastos de la elección presidencial inmediata anterior.
Pero no parece lógico que el tope de la aportación para, por ejemplo, la planilla de un Ayuntamiento, o la fórmula de una diputación federal, se vincule con el tope de gastos de una elección presidencial.
En tal virtud, planteamos que la aportación de cada candidato tenga como límite individual el 30 por ciento del tope de gastos establecido para la elección inmediata anterior del cargo para el cual se postula.
En la evolución de nuestro sistema democrático, caracterizado por la pluralidad política y una participación ciudadana cada vez más intensa, la posibilidad de que los partidos financiemos nuestras actividades con las aportaciones de nuestra militancia y de los simpatizantes, constituye un paso adecuado hacia el sostenimiento basado en el trabajo partidista y en la confianza ciudadana.
Señoras y señores senadores:
En la bancada del PRI estamos convencidos de que la ciudadanía votó por modernizar, no por reducir o debilitar al sistema político.
Que no haya duda: austeridad en el uso de recursos públicos, sí; inequidad en la competencia, no. Los resultados de un sistema de financiamiento mal diseñado pueden ser graves.
Si la intención de esta Soberanía es fortalecer la vida democrática del país, no basta con garantizar un sistema de partidos más austero.
Es necesario transitar de la preponderancia de los recursos públicos, a la apertura hacia los recursos ciudadanos, que se aporten de manera transparente y que sean totalmente fiscalizables.
Con estas iniciativas damos un paso adelante en la modernización de nuestro sistema de partidos.
Aseguramos que el pluralismo político esté garantizado y que pueda expresarse a través de los diferentes institutos políticos que nutren nuestra vida democrática.
Sin desatender la demanda de austeridad, estamos protegiendo y garantizando el principio de representatividad de una sociedad tan diversa como la mexicana.
Muchas gracias por su acuciosa atención.
