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Acueducto Político | Por EL CELTA
Uno de los grandes temas, que para muchos quedarán pendientes de una definición absoluta en la entrega-recepción del gobierno estatal, es lo relativo a tres temas fundamentales, el estado de cómo se van a entregar administrativamente las secretarías de Educación, Infraestructura y de Salud, debido a los altos niveles de deuda e incumplimiento de las metas y compromisos.
El principal dolor de cabeza que enfrenta la comisión de recepción, nombrada por el gobernador electo Alejandro Tello, se presenta justamente en las tres principales áreas de la administración pública. Especialmente en el área educativa, donde a fuerza de obligar al titular de la coordinación administrativa a regresar al desempeño de su cargo, la cuentas no están de lo más claras.
La administración de Miguel Alonso tiene una deuda pública que habrá de heredar, y que oficialmente llega a los ocho mil millones de pesos, pero esos no son los problemas mayores, como quiera la deuda se asume y renegocia; los principales problemas que afectan las finanzas estatales están en las tres dependencias que más recursos público manejan en Zacatecas, y donde no son las mejores, ni las más pulcras, y seguramente existirán muchas dudas respecto de la documentación que se reciba.
En las tres áreas hay deficiencias en la integración de los documentos que se habrán de entregar a la próxima administración; se reportan subejercicios y recursos reintegrados a la federación; otros tantos recursos que la federación requiere su devolución por obras “no ejecutadas” pero que si se hicieron y se terminaron en fechas posteriores a las convenidas para su entrega. Licitaciones en marcha que aún no asignan y que por lo tanto, los trámites están por demás tardados.
En síntesis, existe un importante desorden administrativo que aún falta ver como lo arreglan para que sea entregado en tiempo y forma. Seguramente los fantasmas en cada una de las direcciones administrativas comienzan a aparecer, especialmente con los responsables en el manejo de los recursos y en lo que tiene que ver con el soporte documental de las cosas. Oscuro el panorama para la administración que termina.
Un claro ejemplo de todo ello, se registra en las áreas administrativas de las secretarías de educación y salud, donde por el volumen y cantidades de recursos empleados, los titulares, José Luis Santoyo y Juan Francisco Díaz Luna no logran cuadrar muchas cosas que seguramente les ordenaron operar y que ahora no saben cómo soportar.
Se observa con preocupación que en el caso de la secretaría de Educación hay muchos frentes aun sin resolver, donde el déficit financiero llega casi a los dos mil 500 millones de pesos, pero que además ha existido indolencia y falta de responsabilidad para afrontar los asuntos.
También hay una huelga, que parece interminable, en la Universidad Politécnica; en la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho existe un grave desorden administrativo y financiero, en medio de acusaciones de índole personal, que atacan de manera directa al director Ramiro Torres Bañuelos, a quien le han documentado la utilización de recursos de la institución para la realización de fiestas privadas, desfiles de modas y comidas, incluso para su familia, pero que ha detenido el avance académico y por ello, existe un enorme malestar entre la comunidad docente y estudiantil.
En particular en este tema, se agregan dos cosas que son muy delicadas, y que revelan la falta de atención de las autoridades educativas de la entidad, una de ellas es que hay quejas en la Comisión de Derechos humanos en contra de Ramiro Torres por acoso laboral de parte de estudiantes, y el principal problema de carácter administrativo, es que las cuentas bancarias de la institución, siguen a nombre de David Adolfo Aguilar Dávila, quien dejó de ser el director hace casi seis años.
De existir anomalías entonces de quien es la responsabilidad? Pero lo grave es que Arturo Gutiérrez, quien es el subdirector administrativo, sólo está buscando facturas para tratar de cubrir las malas decisiones del director.
Lo que es un hecho, es la inminente entrada en funciones de la secretaría de la Función Pública, quien seguramente al detectar todas esas anomalías, ya documentadas por la comunidad docente, aplicará la normatividad muchos de los involucrados, tendrán que responder ante la justicia. En ello van el propio Ramiro Torres, Arturo Gutiérrez, José Manuel Medellín y hasta otros destacados académicos de la institución, a quienes han responsabilizado de sus malas acciones.
Y en educación la cosa no termina ahí. Existen más situaciones que no se han resuelto y que las autoridades no han querido atender, pero que sería temas de mayor análisis.
En el caso de los servicios de salud los problemas nos son menores. El problema central está en la administración del llamado “Seguro Popular”, que cuando cambió su estructura legal a ser un Organismo Público Descentralizado del gobierno estatal, sus reglas se modificaron, pero siguieron haciendo las cosas de la misma manera, y además operaron políticamente para perjudicar la campaña de Alejandro Tello, ya que en plena búsqueda del voto, Miguel Ángel Díaz Montaño decidió despedir al administrativo del seguro popular Miguel Saman, por el sólo hecho de apoyar la campaña del priista.
Cuando el contador, responsable de la administración de todo el Seguro Popular deja el cargo, por decisión superior, comenzó la agonía de la administración de salud, ya que de entonces a la fecha existen muchas acciones que no se han documentado en la transparencia de los recursos y mucho menos de que exista certeza de que se aplicaron correctamente. Además el director, estaba más preocupado por atender los problemas de salud de su esposa, que los propios de la institución que dirigía. En ese sentido la devolución de recursos a la federación está a la orden del día, y el desorden administrativo arece que no tiene arreglo ni solución.
Por todo ello, los problemas administrativos que enfrentan José Luis Santoyo y Juan Francisco Díaz Luna son por demás difíciles, y esperan que todo salga como quieren, para no pasar un mal rato en temas de carácter administrativo, fiscal y penal. Pero de ello, la comisión de recepción tiene la última palabra.
