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Senado de la República.- El diputado federal Benjamín Medrano Quezada, presentó en el congreso una iniciativa de reforma al artículo de 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de otorgar autonomía a las defensorías públicas.
En sus motivos el legislador expuso que hace 14 años por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, destacaba la relevancia de que los países miembros contaran con el servicio de defensoría pública, pero actualmente, en las entidades federativas ese tipo de defensa funciona de manera deficiente.
Resaltó que “cuentan con muy poco personal, extraordinariamente mal pagado y con excesivas cargas de trabajo”, aunado a que los defensores de oficio únicamente se presentan para firmar diligencias a las que no asisten y que en “raras ocasionas interponen algún recurso y se limitan a hacer lo mínimo”, por lo que no resulta una verdadera defensa para el procesado.
Asimismo, el también Secretario de la Comisión de Derechos Humanos, refirió que a pesar de que el documento fue emitido hace mucho tiempo, su espíritu está vigente, pero se han realizado muy pocos avances en la materia.
En ese sentido, señaló que las condiciones son precarias en que laboran los abogados de oficio: “Nos referimos a espacios públicos en los que lo que menos importa es la defensa de los más necesitados y donde sólo se cumple de manera formal con un requisito constitucional, pero no con un imperativo humanitario”, dijo el legislador priista.
Destacó que, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos capitalina, emitió una recomendación donde se percibe que en los números no hay una relación entre los servidores públicos y las personas que necesitan su intervención durante su proceso penal.
Otro panorama de la recomendación indica que el 60% de las personas cambia al defensor público, luego de considerar que no hizo lo suficiente para defenderlo.
En este contexto, argumentó que es importante otorgar independencia a la defensoria púbica y que el modelo que se propone respeta la autonomía de las entidades que conforman el pacto federal.
“La revalorización de la defensoría pública resulta impostergable y trascendente, dada la reciente entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, en el que los abogados, tanto fiscales como defensores, quedan expuestos al escrutinio público y sin margen para la improvisación”, destacó el legislador en su proyecto de iniciativa.
Con la propuesta de reforma al séptimo párrafo del artículo 17
constitucional, “la Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un sistema de defensoría pública de calidad para la población, el cual será brindado de forma preferente por organismos autónomos, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio”.
