La colusión: un gobierno entre sombras

Los Hijos de la Viuda | Por Manuel Chacón | Opinión

El reciente caso de Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, ha generado una oleada de críticas, reflexiones y cuestionamientos sobre la relación entre el poder político en México y la corrupción. Con su sentencia a 38 años de prisión en los Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, corrupción y lavado de dinero, el impacto de este fallo no se limita a su figura personal, sino que extiende sombras sobre el legado del gobierno de Calderón y, de manera más amplia, sobre las políticas de seguridad implementadas durante su administración.

Antecedentes: La guerra contra el narcotráfico y la política de seguridad

Felipe Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006 y, casi de inmediato, lanzó una agresiva campaña contra el narcotráfico, conocida como la “guerra contra el narco”. Desde su inicio, esta estrategia ha sido severamente criticada debido al incremento exponencial de la violencia y las violaciones a los derechos humanos. En el centro de esta política se encontraba Genaro García Luna, a quien Calderón confió la responsabilidad de diseñar e implementar muchas de las tácticas más polémicas, como el uso intensivo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Durante años, García Luna fue presentado como el “arquitecto” de la seguridad mexicana, pero las acusaciones que se empezaron a acumular contra él por sus nexos con el Cártel de Sinaloa cambiaron esa percepción. Mientras que Calderón defendía públicamente las acciones de su gobierno en materia de seguridad, se ignoraba la creciente evidencia de la posible colusión entre miembros de su administración y el crimen organizado. La eventual captura de García Luna en 2019 y su condena en 2024 expusieron esta complicidad a nivel internacional.

La colusión: un gobierno entre sombras

La figura de García Luna no puede entenderse sin su relación con Calderón. Durante su gestión, fue la persona de mayor confianza en temas de seguridad, y muchos analistas coinciden en que su poder e influencia llegaron a tal punto que cuestionar sus acciones dentro del gobierno era casi imposible. Ahora, con las revelaciones de sus vínculos con el narcotráfico, surge la inevitable pregunta: ¿Calderón sabía de estos nexos? ¿Fue un cómplice pasivo o activo?

Para muchos críticos, es difícil creer que un presidente no estuviera al tanto de la naturaleza de las acciones de su más cercano colaborador en materia de seguridad. Además, se plantea la hipótesis de que esta relación entre García Luna y el narcotráfico formaba parte de un acuerdo no escrito, en el cual ciertos grupos del crimen organizado recibían protección gubernamental a cambio de reducir la violencia visible. Esta teoría, aunque difícil de comprobar, toma fuerza a la luz de las recientes sentencias judiciales y testimonios en tribunales estadounidenses.

El legado de la violencia

Calderón dejó un país sumido en una espiral de violencia de la que México aún no ha podido salir. Los cientos de miles de muertos y desaparecidos, el aumento de las desapariciones forzadas, las violaciones a los derechos humanos y la percepción generalizada de un estado fallido en materia de seguridad son el saldo más evidente de su administración.

El juicio y condena de García Luna son una confirmación, a nivel judicial, de que en lo más alto del gobierno mexicano se tejieron redes de complicidad con el crimen organizado. Esto ha erosionado aún más la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Calderón, por su parte, ha intentado desmarcarse de su exsecretario, insistiendo en que nunca supo de las acciones ilegales de García Luna, aunque esta defensa ha sido recibida con escepticismo.

Lecciones para México

El caso García Luna también abre una ventana a la necesidad urgente de una reforma profunda en las instituciones de seguridad. El diseño de políticas públicas que dependen de figuras casi todopoderosas, sin supervisión efectiva, crea el caldo de cultivo para la corrupción. A su vez, muestra cómo la falta de transparencia y rendición de cuentas puede permitir que un sistema político sea cooptado por intereses criminales.

La colusión entre política y narcotráfico en México no es un fenómeno nuevo, pero el juicio de García Luna ha dejado en claro que este problema ha alcanzado las más altas esferas del poder. Felipe Calderón deberá enfrentar, si no en un tribunal, al menos ante la historia, la responsabilidad de haber colocado a García Luna en una posición clave y haber mantenido su apoyo incluso ante crecientes señalamientos de irregularidades.

Conclusión

El proceso judicial de García Luna en Estados Unidos ha sido un llamado de atención para México y su clase política. La condena representa no solo un castigo para un hombre, sino un recordatorio de los riesgos de la impunidad y la corrupción cuando el poder se mezcla con intereses oscuros. Calderón, mientras tanto, continuará siendo un personaje central en esta historia de colusión y conflicto, donde las fronteras entre el gobierno y el crimen organizado parecen haberse desdibujado.

El desafío para México ahora es mirar hacia adelante, aprender de estos errores y asegurar que las lecciones de este caso no queden en el olvido. Solo entonces el país podrá avanzar hacia una verdadera justicia y seguridad para su pueblo.

¡A mí los Hijos de la Viuda!