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Los Hijos de la Viuda | Por Manuel Chacón | Opinión
Es más fácil destruir que construir. Esta máxima, atribuida a diversos pensadores a lo largo de la historia, describe perfectamente la situación que enfrenta el proyecto del Paso Elevado en la capital de Zacatecas. Una obra concebida para mejorar la movilidad y conectividad de la ciudad, respaldada por estudios técnicos y permisos oficiales, hoy se encuentra en riesgo por una suspensión judicial otorgada sin el suficiente sustento técnico y basada en consideraciones subjetivas.
El Juzgado Tercero de Distrito a cargo de Margarita Quiñonez Hernandez egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo quien desde 2016 llego de Michoacán a Zacatecas tras ocupar varios cargos de la judicatura federal en esa entidad, ahora concedió la suspensión provisional a los detractores del proyecto, argumentando hechos notorios fundamentados en notas periodísticas y recomendaciones sobre un supuesto impacto cultural.
Sin embargo, esta decisión no tomó en cuenta el daño colectivo que provoca la paralización de una infraestructura de vital importancia para el desarrollo de la ciudad. En este caso, la suspensión ignora el valor de miles de ciudadanos que diariamente enfrentarán mayores dificultades de movilidad por el capricho de unos cuantos.
El argumento central para frenar la obra se basa en la preservación del patrimonio cultural, pero hasta ahora no existe ningún dictamen oficial que avale que la construcción del Paso Elevado atenta contra la riqueza histórica de Zacatecas.
De hecho, el proyecto cuenta con las autorizaciones pertinentes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Junta de Protección de Zonas Típicas del Estado de Zacatecas.
Además, se ha enviado un estudio de impacto patrimonial a la UNESCO, garantizando el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales.
Hace apenas unas horas el Secretario de Obras Públicas del Gobierno de Zacatecas José Luis de la peña Alonso preciso en medios de comunicacion que parece haber más un intento de politización del proyecto que un interés genuino por el bienestar común. La paralización de la obra genera un costo diario superior a los cuatro millones y medio de pesos, afectando no solo al erario público, sino también a cientos de trabajadores que dependen de este proyecto para su sustento. En este caso, la respuesta es clara: la obra debe continuar porque su beneficio es mayor que el daño que algunos intentan magnificar.
El principio de orden público establece que las infraestructuras de esta magnitud no
pueden ser suspendidas sin una justificación sólida. Si permitimos que decisiones basadas en especulaciones mediáticas frenen el desarrollo, abrimos la puerta a que cualquier proyecto de mejora urbana sea bloqueado por intereses ajenos al bienestar de la comunidad. Es momento de ver este proyecto como lo que realmente es: una oportunidad de modernización para Zacatecas.
El Paso Elevado no es un capricho, es una necesidad. La conectividad vial es un factor clave en el desarrollo económico y social de cualquier ciudad. Su paralización, lejos de proteger el patrimonio, genera un impacto negativo en la calidad de vida de los zacatecanos y en la planeación urbana.
La obra cumple con todas las regulaciones, tiene sustento técnico y cuenta con el respaldo de múltiples dependencias especializadas. Su cancelación solo beneficiaría a aquellos que buscan lucrar políticamente con la controversia y no a la ciudadanía en su conjunto.
El desafío ahora es hacer valer la legalidad y garantizar que la infraestructura pública
se construya con base en criterios técnicos y no en presiones de grupos de interés.
“El progreso es imposible sin el cambio, y aquellos que no pueden cambiar sus
mentes no pueden cambiar nada”, decía George Bernard Shaw. Zacatecas no puede
quedarse atrapada en la inmovilidad. Es tiempo de avanzar.
¡A Mí los Hijos de la Viuda!
