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Por Gabriel Quadri
Más allá del formato, el Cuarto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto debe ser un parte-aguas de cierre, de un gobierno decidido a trascender como exitoso e histórico reformador, y no como cabeza de un Estado en repliegue y desmoronamiento. Las reformas estructurales han sido una contribución indudable e invaluable: Educación, Energía, Telecomunicaciones; Anticorrupción, etcétera. Pero su sincronía no es la de la política; sus efectos son de largo alcance como hito y proceso de cambio institucional. No pueden necesariamente cumplir con las exigencias de la cronología electoral. Menos aún, cuando fueron mercadeadas en forma equivocada (por ejemplo, con el anzuelo de una baja en los precios de los energéticos, con lo que poco o nada tienen que ver), y cuando ha sido palpable la carencia de una estrategia asertiva de argumentación, persuasión y pedagogía colectiva. Más aún, sin un sólido liderazgo mediático y político de defensa ante el embate de los arraigados intereses corporativos y clientelares que han sido afectados. Es increíble que no se haya previsto un dispositivo específico de inteligencia y operación política y policial para enfrentar la furiosa reacción de la mafia CNTE y su red de subversión ante la Reforma Educativa.
El valor a largo plazo de las reformas estructurales como activos históricos del gobierno ha sido también diluido por el apremio de pasivos onerosísimos de corto plazo, dada una entendible y muy alta tasa de descuento entre la opinión pública: La falta de previsión y reflejos ante la oficiosa ofensiva de malquerientes; vulnerabilidades y debilidades que no fueron inventariadas y neutralizadas aun sabiendo el feroz apetito de conocidos adversarios; atrocidades anticipables (Ayotzinapa – Narcos – Abarca) que incomprensiblemente no han sido resueltas y cerradas judicialmente; pifias de los aparatos de seguridad (Nochixtlán); una inexplicable incapacidad para explicar hechos y responsabilidades (quién y por qué mandó a los normalistas a Iguala, quién y por qué disparó a la Policía Federal en Nochixtlán); una humillante sumisión ante el Caballo de Troya que significó la CIDH en México; una intolerable tolerancia a los Moreiras, Borges y Duartes; bandazos, ánimo fluctuante, menosprecio de los intereses colectivos y de la legalidad al enfrentar a la CNTE, que han creado una atmósfera pública de desesperación por la inanición del Estado y el derrumbe del estado de derecho; un rebote en los indicadores de violencia e inseguridad; y hasta una conducción fiscal que ha abultado el saldo de la deuda como proporción del PIB provocando el descrédito ante calificadoras internacionales.
No todo está perdido. EPN tiene la capacidad de reinventar la última etapa de su gobierno a partir de este Cuarto Informe y pasar a la historia como gran reformador, como vencedor del más feroz aparato corporativo de delincuencia y subversión (CNTE); y como arquitecto de nuevas instituciones de seguridad y combate a la corrupción, e igualmente, por qué no, en sustentabilidad y desarrollo urbano. (Y de paso, salvar a su partido de una debacle anunciada para 2018). Se requiere un buen GPS político y de políticas, una buena ruta de navegación, tripulación leal y competente, audacia, carácter y temple para asumir riesgos. Se puede. La Historia y los electores aún pueden no sólo absolverlo, sino reconocerlo. Veremos.
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