ZHN | Zacatecas Hoy Noticias Noticias de Zacatecas, México
Los Hijos de la Viuda
Por Manuel Chacón
Zacatecas se debate entre el concreto de su futuro y la retórica de su pasado. En el centro de esta encrucijada se encuentra la organización Ciudadanía Participativa, una agrupación que, sin registro formal en padrones gubernamentales ni en el Registro Federal de OSC (CLUNI), ha logrado, sin embargo, frenar una de las obras de infraestructura más importantes del sexenio: el Viaducto Elevado.
Pero ¿qué tan legítima es una organización que no existe jurídicamente, pero que obtiene suspensiones definitivas en juzgados federales? ¿Puede el uso del juicio de amparo convertirse en un instrumento de presión más política que jurídica?
Técnicamente sin registro, jurídicamente con efecto
La paradoja legal es tan evidente como peligrosa: una organización no formalizada puede agruparse bajo la figura de “interés legítimo colectivo” para promover acciones legales, siempre y cuando un ciudadano o grupo afirme verse afectado en sus derechos fundamentales. Bajo esta rendija jurídica, Ciudadanía Participativa ha presentado una serie de recursos que, sin sustento en figuras constituidas, han detenido obras, presionado gobiernos y ganado terreno en la narrativa pública.
No se les encuentra en el padrón de la SEFIN, ni en los registros del IEEZ, ni en el sistema CLUNI de INDESOL. No tienen obligaciones de transparencia, ni auditoría, ni representación legal reconocida ante instancias de cooperación gubernamental. Pero sí tienen influencia, presencia mediática y, sobre todo, un expediente judicial activo con suspensiones firmadas.
Frase técnica: “La ausencia de personalidad jurídica no inhibe la acción, pero vulnera la rendición de cuentas.”
Financiamiento en penumbras: ¿quién sostiene a los que se oponen?
Una pregunta legítima que crece entre los ciudadanos: ¿de dónde obtiene recursos esta agrupación para pagar abogados, cabildeo y asesoría técnica? No hay transparencia. No hay informes financieros. No hay domicilios fiscales. Todas sus reuniones —según se ha documentado en redes sociales y medios locales— se realizan en pequeños cafés, como si la informalidad organizativa fuera parte de su identidad estratégica.
No hay oficinas. No hay convocatorias abiertas. No hay estatutos conocidos. Y, sin embargo, hay recursos para interponer amparos, organizar foros, producir material gráfico y sostener una presencia constante en medios. La lógica exige claridad, y la opacidad solo alimenta la sospecha de intereses externos —políticos o económicos— detrás del activismo.
Frase técnica: “Toda causa legítima exige trazabilidad en su financiamiento; de lo contrario, se convierte en estrategia encubierta.”
La obra detenida: el costo de la omisión política
El Viaducto Elevado representa una solución a futuro frente a una movilidad urbana ya colapsada. Los estudios de tránsito son claros: sin un proyecto de desfogue vial, el bulevar Adolfo López Mateos será inoperante en menos de cinco años.
Los amparos concedidos —aunque jurídicamente válidos— están generando un efecto de parálisis estructural. Los costos por la suspensión de obra, la afectación a comercios, la pérdida de inversión federal y la pérdida de tiempo para miles de usuarios se acumulan como una deuda silenciosa que nadie está dispuesto a asumir.
Frase técnica: “Suspensión judicial no equivale a cancelación de proyecto; equivale a erosión del tiempo público.”
El riesgo prospectivo: el precedente del sabotaje disfrazado
Lo más preocupante no es el presente, sino el precedente. Si cualquier grupo informal, sin registro, puede recurrir al amparo para frenar proyectos de infraestructura, Zacatecas —y cualquier entidad— quedará rehén de intereses disfrazados de causas civiles. El amparo debe ser una herramienta de protección jurídica, no un método de chantaje político con cobertura mediática.
Además, detrás de esta organización existe un discurso cuidadosamente elaborado, pero sin una agenda integral de ciudad. Solo oposición. Solo freno. Solo antagonismo. No existe una propuesta vial alternativa, ni un plan urbano viable, ni estudios técnicos que sostengan sus posturas. Solo hay litigio y protesta.
Frase técnica: “La política del ‘no’ puede frenar una obra, pero no construye ciudad.”
Ciudadanía Participativa ha hecho valer un derecho legal, pero su carencia de registro formal, su opacidad organizativa, la falta de rendición de cuentas sobre su financiamiento y la informalidad operativa cuestionan severamente su legitimidad moral.
Zacatecas no puede permitir que el desarrollo urbano quede a merced de colectivos sin rostro, sin dirección y sin compromiso con la transparencia. La ciudad no puede ser rehén de un activismo que se esconde tras tazas de café y litigios sin sustento técnico.
Porque el futuro de la movilidad no puede quedar sepultado bajo un expediente de amparo… ni financiado en silencio.
“En tiempos de sombra, los constructores de ciudad deben alzar la voz sobre los que solo buscan detenerla.”
—
¡A Mí, Los Hijos de la Viuda!
