Bloqueos y vandalismo. Crisis de libertad

Por Gabriel Quadri

México vive una crisis de libertad. Libertades y derechos negativos (de no sufrir interferencia y opresión por terceros en el ámbito legítimo de movimiento y decisión – recordemos a Isaiah Berlin) son pisoteados por terceros, ante un Estado que se bate en retirada o se mantiene impávido. Recorre a México el fantasma (valga la manoseada metáfora comunista) del derrumbe y la anarquía, donde mafias que buscan mantener rentas, poder, presupuestos y canonjías (porque eso es esencialmente la CNTE) imponen su voluntad a la mayoría, hacen escarnio, someten y humillan a las instituciones.

El Estado renuncia a sus facultades y obligaciones – o reconoce su incompetencia – para hacer valer los derechos de libre tránsito y trabajo, y de garantizar seguridad para las personas y sus bienes. Podría interpretarse benévolamente como el privilegio pragmático de las libertades positivas (de hacer y manifestarse) de unos, en detrimento de las libertades negativas de todos los demás.

Las razones pueden ser numerosas, algunas explicables pero difícilmente justificables: La carencia de aparatos de seguridad profesionales, confiables y eficaces; un talante culposo por excesos atroces incurridos en el pasado reciente o lejano; el cálculo de transferir después del 2018 el enfrentamiento final con la CNTE; el miedo a que la trascendencia histórica sea dictada no por las reformas estructurales sino por un sonado evento de “represión”; el impacto de una posible reacción (aún más) adversa de la opinión pública; la continua proximidad de procesos electorales; la debilidad del ánimo nacional ante el populismo justiciero; la posible capitalización del desenlace por parte de un peligroso demagogo en busca del poder; cierta condescendencia o temor porque se trata al fin de un movimiento con cierta base popular; nuestro desapego ancestral con la legalidad y el estado de derecho… En fin, las conjeturas pueden desbordar cualquier mentidero, foro o seminario.

Lo importante es que el costo colectivo a pagar por esta renuncia o incapacidad del Estado es astronómico, la herencia política es corrosiva, y los incentivos creados son de una toxicidad extrema para la convivencia productiva, la cohesión social, los valores cívicos, la confianza y la certidumbre jurídica. (Esperemos la multiplicación del vandalismo y los bloqueos como método ubicuo para extraer rentas al Estado). Llevará mucho tiempo la reconstrucción.

En el cuarto de al lado, la Suprema Corte de Justicia (SCJN), sin embargo, ofrece un hilo de esperanza: avala condicionantes a marchas en la Ciudad de México a través de la nueva Ley de Movilidad, así como la prohibición de bloqueos en arterias de circulación continua, refrendado la legitimidad del uso de la fuerza pública para impedirlas. Busca restablecer algún balance razonable entre la libertad positiva de unos y la libertad negativa de la mayoría. Lógicamente se oponen quienes viven de la extorsión política y de la manipulación corporativa de organizaciones sociales, así como aquellos que buscan derrocar al Estado y a la democracia liberal (que para eso los adoctrinan en normales rurales y conocidas “universidades”). Se quitan la máscara ellos mismo, ipso facto.

El hecho real es que la SCJN fija un asidero para defender la libertad negativa. Ahora, la nueva Constitución de la CDMX debe mandatar la regulación de marchas y la prohibición de bloqueos para consolidar esa pequeña victoria ciudadana. Esperemos que también sea un acicate o inducción sutil para que el Gobierno Federal se decida a aplicar la ley en defensa de la libertad de la mayoría.

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