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Acueducto Político Por el CELTA
La anulación de la elección de la Presidencia Municipal de Zacatecas, coloca a Andrés Manuel López Obrador en una disyuntiva entre el respeto a las instituciones o acudir a su viejo estilo de “mandar al diablo a las instituciones”.
Por lo pronto se confirma que el dirigente nacional de MORENA estaría en Zacatecas el 17 de este mes encabezando una marcha y un mitin de apoyo a Soledad Luévano Cantú, quien, según opiniones de los morenistas, fue “despojada de manera injusta de la alcaldía de la capital”.
Esa disyuntiva está en acceder a la propuesta de los grupos de presión de iniciar acciones de protesta en contra de las instituciones, tanto gubernamentales como de organización y justicia electoral, mismas que estarían encaminadas a cerrar edificios, cerrar calles, instalar casas de campaña y algunas cosas más que tendrían como destino impedir la toma de protesta del nuevo gobernador.
O bien, asumir la responsabilidad de un estadista y, reconocer que la determinación del Tribunal de Justicia Electoral (TRIJEZ), está apegada a derecho y que la misma es producto de los errores que los integrantes del equipo de campaña de Soledad Luévano son los que llevaron a que haya perdido la constancia que la acredita como ganadora.
No es fácil para Andrés Manuel López Obrador entrar de lleno a defender a la candidata morenista, ya que el futuro para su propia candidatura presidencial no pasa en este momento por descalificar a todas las instituciones, y además tiene que generar un convencimiento nacional de que su actitud ha cambiado y se convierte en un hombre respetuoso de la ley.
Por estas razones, la defensa jurídica de Soledad Luévano cantú pasa por contratar abogados electorales con probada capacidad profesional, más allá de que sean militantes de su partido.
Los fundamentos legales presentados por el PRI parecen inobjetables, y requieren de un profundo análisis de parte de los abogados del Movimiento de Regeneración Nacional, ya que está plenamente probado y demostrado que violó sistemáticamente la legislación al adelantar los tiempos de su participación como precandidata y candidata a la alcaldía.
Suponiendo sin conceder, reza una frase de la jurisprudencia, que tanto la sala regional como la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deje firme la sentencia del Tribunal local de anular la elección, de inmediato se daría vista a la Legislatura local, para emita el acuerdo correspondiente y emite la convocatoria a las elecciones extraordinarias, que no podrán más de 45 días posteriores a la emisión de la misma.
En esta hipótesis, podría darse el escenario que, de acuerdo al calendario, los zacatecanos de la capital, lleguen al 15 de septiembre sin que haya electo un alcalde constitucional, por lo que se daría el hecho de que tuviera que nombrarse un alcalde interino para que reciba de manos de Alfredo Salazar la estafeta en a conducción del municipio.
Todo depende de las determinaciones del (TEPJF). Ya que en caso contrario, si alguna de las dos salas del Tribunal Federal revoca la sentencia, entonces todo vuelve al estado de cosas en las que se encontraban antes de la anulación de la elección.
Por esta razón, Andrés Manuel López Obrador ha decidido analizar a profundidad las implicaciones de todas sus acciones, ya que apoyar un movimiento de carácter político y social para devolverle la alcaldía a Soledad Luévano, pudieran abrir flancos políticos muy adversos en su contra y afectar sus serias aspiraciones de la candidatura presidencial.
En este escenario, la visita del 17 de este mes de Andrés Manuel López Obrador puede ser sólo decorativa, sin implicaciones de carácter legal. Y todas las acciones de protesta que lleven a cabo los militantes y seguidores de la frustrada alcaldesa de Zacatecas, no tendrían su aval y mucho menos su apoyo y respaldo.
