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Por Gabriela García | ZHN
Tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, los hombres ricos del país hicieron lo de siempre, se acomodaron con la 4t, tal como pasó en su momento con gobiernos del PRI y el PAN, porque la democracia de partidos permite también la movilidad de la clase política, sin que se modifique sustancialmente la posición de las principales clases sociales: los ricos y los pobres.
Hubo inconformidades con López Obrador, pues se oía decir que su gobierno sería de corte socialista como el de Nicolás Maduro en Venezuela o como el de Miguel Díaz en Cuba, pero nada de eso sucedió. Pronto quedó claro que el gobierno de Morena fue para dar vitalidad al capitalismo mexicano, que en efecto, se encontraba en una crisis política y económica tras décadas de los gobiernos desprestigiados por el desempeño del llamado PRIAN.
Después lograron ponerse de acuerdo, ahora cada uno se dedica a lo suyo, el gobierno de la 4t reparte dinero a los pobres a través de las becas que provienen de los impuestos de todos los mexicanos, pero sin que se afecte el bolsillo de los ricos; y estos últimos explotan a la clase trabajadora con todas las facilidades; pagan muy poco de impuestos o de plano se niegan a hacerlo.
Los negocios son muy rentables para los adinerados del país y seguimos ocupando los primeros lugares a nivel mundial como uno de los países más ricos del mundo, sin embargo esa riqueza está concentrada en 10 personas que en 2023 aumentaron sus fortunas: Carlos Slim aumentó de 74 mil millones a 105 mil millones, Germán Larrea aumentó de 22 mil 700 a 35 mil 900 millones, Ricardo Salinas aumentó de 11 mil 550 a 14 mil 600 millones, mientras que Alejandro Bailleres aumentó de 5320 a 6860 millones.
La concentración de la riqueza es más notoria con Carlos Slim, que es la onceava persona más rica del mundo y número 1 en América Latina, pues su riqueza aumentó 35 mil millones de dólares y cerró el 2023 en 105 millones de dólares.
Por el contrario, el 36 % de los mexicanos está en situación de pobreza, según el informe del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), lo que indica que aumentaron los problemas y dificultades económicas. Por ejemplo, los relacionados con la atención sanitaria, que pasaron de 16.2 % de la población en 2018 a 39.1% en 2022, es decir, aumentó de 2.4 % a 2.6 % y la pobreza extrema se movió de 3.6 % a 3.8 %.
Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), se aplicaron 3 billones 756 mil pesos a programas de “desarrollo social” que aumentaron en 7.6 % con respecto al 2023, así en 2024, año electoral, la 4t tendrá más dinero para comprar conciencias y garantizar la continuidad de la supuesta transformación con Claudia Sheimbaum, que no ofrece nada novedoso, más que seguir con la política de trasferencias monetarias.
Con Morena aumentó la concentración de la riqueza afectando en consecuencia a las familias pobres del país debido a los bajos salarios que se pagan a los trabajadores; ingreso raquítico del que dependen millones de familias, lo que evidencia que el gobierno de la transformación brindó todas las facilidades para que los ricos sigan haciendo grandes negocios a costa de los pobres.
Estamos en el último año del sexenio y la clase rica, que tiene a su servicio a la élite gobernante, está muy interesada en hacer creer al pueblo que ya estamos mejor con López Obrador y que el bienestar es una tarea de Morena y sus gobernantes; por eso nos aconsejan no protestar, que no nos organicemos, no quieren que gestionemos y para evitarlo empezaron la cruzada contra los “intermediarios”, porque el pueblo desconoce que luchar por su propio bien es un derecho fundamental.
Por todo lo anterior, el Movimiento Antorchista sostiene que el principal problema de México es la creciente desigualdad y no la corrupción, (como insiste López Obrador), por tanto, la solución consiste en el reparto más equitativo de la renta nacional mediante una reforma fiscal progresiva; esto es que el estado cobre impuestos mayores a las fortunas más grandes (y que se les obligue, que no encuentren rendijas legales para zafarse de esta obligación) y cobre menos, o nada, a las clases bajas empobrecidas de México.
Además, el gobierno federal debe garantizar empleo y salario digno para todos los mexicanos y aplicar una reorientación del gasto social, invirtiendo tanto en obra pública como servicios básicos (en la construcción y buen funcionamiento de escuelas, hospitales, carreteras, etc.), para los marginados de México.
