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Geovanna Bañuelos propone crear la figura de testamento videograbado

iudad de México.- A fin de blindar y proteger los derechos de las personas en emergencias sanitarias donde se impidan el contacto físico y movilidad, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre propone crear la figura del testamento especial videograbado, para garantizar la protección del patrimonio de los ciudadanos por causa de la muerte.

Mediante una iniciativa que reforma diversos artículos del Código Civil Federal, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo destaca que una de las consecuencias de la pandemia por Covid-19 ha sido la pérdida de muchos ciudadanos, que desafortunadamente no superaron la enfermedad y que en la mayoría de los casos murieron sin contar con un testamento.

“Lamentablemente, sólo 2 de cada 10 víctimas mortales del Covid-19 dejaron testamento, lo que muestra la necesidad de reconfigurar la ley para que, en casos de epidemia de carácter grave, las personas puedan realizar su testamento”, menciona Geovanna Bañuelos.

En el documento presentado al Senado de la República, la legisladora por Zacatecas específica que el testamento es un acto jurídico en virtud del cual una persona expresa libremente su voluntad para que se disponga de sus bienes después de su muerte y surta efectos al momento de su muerte.

No obstante, las circunstancias actuales derivadas de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 obligaron al Estado Mexicano a implementar medidas de aislamiento para evitar el aumento de contagios, lo que trajo aparejado la disminución de los horarios de atención de las notarías o en algunos casos el cierre temporal de éstas.

Geovanna Bañuelos, reconoce que el testamento público abierto, el testamento público cerrado y el testamento público simplificado, se necesita, forzosamente la presencia de un notario y ante una situación de epidemia como la que atraviesa el mundo lo mejor es no salir de casa.

“Lo que es realmente preocupante, es que, a falta de testamento, necesariamente se debe promover un juicio intestamentario y en muchas ocasiones, deriva en conflictos internos entre los familiares” advierte la legisladora.

En este sentido, reitera en la necesidad de acceder al derecho del uso de las tecnologías actuales y otorgar herramientas a la ciudadanía que le permitan blindarse y protegerse cuando existan condiciones que no permitan el contacto físico, las salidas y el flujo de personas.

Geovanna Bañuelos propone aprovechar el avance tecnológico para la debida protección del patrimonio de los ciudadanos por causa de la muerte, para ello establece el reconocimiento de testamento videograbado el cual deberá de cumplir con los siguientes requisitos:

§  Mostrar en el video una identificación oficial para acreditar su personalidad.

§  Declarar lugar, la hora, el día, el mes y el año en que se realiza el testamento.

§  Contar con la presencia de por lo menos dos testigos, quienes también mostrarán su identificación oficial.

§  El testador expresará de modo claro y terminante su voluntad.

Se especifica que el testamento privado sólo surtirá sus efectos si el testador fallece dentro del tiempo que perdura la epidemia de carácter grave, y toda vez que resulte imposible, por cuestión de condiciones sanitarias, poder realizar algún testamento, con las formalidades que regula el presente Código Civil Federal.

Además, una vez realizado el testamento, el testador o alguno de los testigos contactará a un notario para enviar el video por medios electrónicos, quien validará que el video cumpla con los requisitos establecidos. Posteriormente, se elaborará por escrito el testamento conforme a lo que se narra en la grabación.

“En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, consideramos que el derecho a elaborar un testamento en cualquier momento, debe ser un proceso garantizado por el Estado, ya que, la última voluntad de una persona está relacionado con la propia libertad, la libre determinación, el derecho de propiedad, así como de filiación, parentesco e incluso alimentos, principios que son considerados de orden público e interés social”, concluye.

La iniciativa fue turnada a la Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

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